Comunicado a la opinión pública

Bogotá, mayo 6 de 2016 (@MinAgricultura).- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se permite informar que el Fondo Nacional del Ganado (FNG) está inmerso en un proceso judicial de reorganización regido por la Ley 1116 de 2006, situación a la que llegó dada su condición de garante o avalista de obligaciones contraídas por la sociedad Friogan, por un valor superior a los $74.000 millones.
 
Esta sociedad ante la imposibilidad de honrar sus obligaciones acudió a ese camino en donde actúa como juez la Superintendencia de Sociedades.
 
Dentro del plazo legalmente establecido no fue posible llegar a un acuerdo con todos los acreedores, y la Superintendencia de Sociedades decidió desfavorablemente la solicitud de suspender el proceso en curso. Por lo tanto, en los próximos días deberá decidir en derecho lo que corresponda.
 
Se ha dicho que en el Ministerio de Agricultura no existió voluntad para cerrar un acuerdo con los acreedores, lo que no es cierto. Fueron varias las reuniones sostenidas para lograr ese propósito, sin embargo razones de orden legal hacen imposible que la junta del FNG pueda autorizar que recursos públicos, como son los de la parafiscalidad, se destinen a extender garantías o avales en beneficio de entidades privadas, prohibición que recordó la Contraloría General de la Republica, en reciente hallazgo fiscal con presunto alcance disciplinario respecto de la conducta de quienes durante las vigencias de los años 2005, 2007 y 2009, permitieron operaciones de esa naturaleza.
 
Esta prohibición y la inexistencia de facultad legal expresa para que la junta directiva del FNG autorice operaciones de crédito, fue colocada de presente ante los demás miembros por el Viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Pablo Pineda, en su calidad de presidente de ese órgano directivo y a quien por estas razones de orden legal no le era posible someter a consideración de la junta una proposición para determinar la votación de un acuerdo que prorroga o extiende garantías o avales otorgados en beneficio de los acreedores de Friogan durante 10 años más.
 
Decisión que habría colocado a los miembros de la junta en la misma conducta que la Contraloría General de la Republica reprocha a quienes accedieron a esa destinación de dineros públicos.
 
El Ministerio de Agricultura, en su calidad de administrador temporal de los recursos de la parafiscalidad ganadera, seguirá en su indeclinable finalidad de garantizar que estos recursos de naturaleza pública continúen llegando a todos los ganaderos de Colombia quienes no son los causantes de la grave insolvencia de Friogan, ni de la precaria condición de avalista a la que se sometió en el pasado al FNG. 
 
Cabe anotar que una vez se conozca el resultado del trámite judicial a cargo de la Superintendencia de Sociedades, el Ministerio adoptará todas las medidas que sean necesarias, para continuar en su tarea de salvaguardar los recursos de la contribución parafiscal de los ganaderos.